Se ha publicado recientemente un libro sobre la estrategia comercial que han seguido las empresas tabacaleras y cómo el sistema político y judicial ha protegido el poder económico de estas grandes multinacionales. Su título: Licencia para matar; editorial Península. Su autor: Carlos Escolà, periodista que sacó hace años en El País los papeles internos del lobby de la industria del tabaco en España.
En este libro el autor explica las presiones de la industria tabacalera en España y describe el “cambio” cultural que han supuesto las leyes regulatorias contra el tabaquismo (dependencia del tabaco).
Denuncia malas prácticas de la industria que durante años no informó explícitamente a los consumidores que los cigarrillos generan adicción e importantes enfermedades, pues el tabaco provoca cada año la muerte prematura de entre cinco y seis millones de personas en todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente siguen engañando ocultando los aditivos que utilizan.
Las regulaciones que se han hecho han conseguido que el fumar haya “pasado de moda” y que haya un millón menos de fumadores. Esto ha hecho que se hayan notado mejorías en las patologías pulmonares y cardiovasculares. Pero todavía hay cosas sorprendentes, como que el Ministerio de Sanidad se haya negado a informar sobre los componentes de los cigarrillos aun habiendo sido requerido por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional, y que haya médicos que sigan colaborando con la industria del tabaco.
Señala lo importante que es que la clase médica siga haciendo presión para regular cada vez más y llegar a la erradicación de un hábito que solo aporta enfermedades y muerte. Medidas como por ejemplo el empaquetado genérico, subir el precio del tabaco, prohibir fumar en el coche si hay menores y en espacios naturales, y seguir presionando para que se informe de todos los aditivos que utilizan, que han convertido los cigarrillos en un peligroso producto de ingeniera química altamente adictivos y cancerígenos.
Las presiones de los lobbies tabaqueros no son muy diferentes de las presiones ejercidas por los lobbies de las industrias de las bebidas alcohólicas.
En tres legislaturas, los gobiernos han intentado restringir el alcohol con una ley. En todas ellas, el ‘lobby’ ha ganado la batalla. La estrategia del ‘lobby’ del alcohol ha sido mucho más inteligente que la del tabaco: “Si no puedes derrotar al enemigo, únete a él”.
El alcohol es un problema de salud pública, eso ya nadie lo niega. Además de las más de 60 enfermedades derivadas que provoca su consumo, hay que contar el daño provocado a terceros (accidentes de tráfico, violencia de género), y si lo sumamos todo es la droga que más mata.
Una estrategia es ponerse detrás de fundaciones, como la Fundación Alcohol y Sociedad. Esta fundación cuenta con un comité científico con grandes nombres de la medicina, la sociología, la educación y la pedagogía. Potencian actividades de concienciación sobre el problema del alcohol, pero eluden aspectos importantes como que la industria tiene una responsabilidad subsidiaria porque, en definitiva, es la que pone el producto en el mercado y la que lo promociona con publicidad. Y que el alcohol es una droga, y que por eso hay que regularlo.
Dicha fundación promovió campañas como la del conductor alternativo, firmó el manifiesto contra el consumo de alcohol por menores en 2011, y hasta financió -y aún financia- campañas del Ministerio de Sanidad para evitar el consumo de alcohol en menores. Pero entre estas actividades socialmente responsables del lobby no están los puntos que según los expertos, como el Dr. Gual, serian claves, como por ejemplo: restricción absoluta de publicidad, alertas en el etiquetado como las del tabaco, o botellas sin logotipos de marcas.
Para Socidrogoalcohol o el doctor Gual, el ‘lobby’ del alcohol ha conseguido establecer la agenda de la regulación a su conveniencia. Ha logrado confluir en los intereses del ministerio y, al mismo tiempo, no entrar en un enfrentamiento con la sociedad, la única que podría forzar una ley.